por Francisco Javier Calleja Bernal
profesor de planta del departamento de contabilidad del ITESM Campus Ciudad de México
Cada determinado número de años el gobierno federal se ha visto en la necesidad de hacer cambios fundamentales en el sistema impositivo. Un buen día se abandonaron las cédulas y los impuestos fueron estructurados de una manera totalmente diferente; el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, con todos los problemas que representaba, fue dejado atrás y se le sustituyó con el Impuesto al Valor Agregado; la ubicua Ley del Timbre fue perdiendo paulatinamente importancia y se le cambió por mecanismos más ágiles para liquidar los impuestos.
Va siendo cada vez más claro para un mayor número de mexicanos que nuestro sistema fiscal requiere uno de esos cambios fundamentales. Los financieros, los contadores y los economistas dan sus respectivas razones para que ese cambio se lleve a cabo, pero el ejecutivo desde su llegada a los Pinos ha venido anunciando la necesidad de dicho cambio y, por una u otra razón, ha fracasado en el logro de la misma.
Este 2004 es particularmente dramático ya que las modificaciones en cuestiones impositivas son de tan poca importancia que, incluso el Colegio de Contadores contrajo de dos días a uno sus seminarios de actualización sobre el tema, dada la poca sustancia que había para tratar. Los expertos fiscales de los diversos despachos contables, en sus sesiones anuales que más bien resultaron misceláneas, señalan que, aunque parecía un año para realizar reformas de fondo o estructurales, a lo más relevante que se llegó fue a modificaciones del Código Fiscal de la Federación (planteadas desde hace dos años) y a temas menores en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en otros impuestos; cuestiones relativas a la residencia fiscal, eliminación de garantías en las devoluciones, pago de intereses a cargo del fisco, ejercicio de facultades de comprobación, endurecimiento de ciertas reglas para fusiones y escisiones, utilización de medios electrónicos por parte de los contribuyentes (firma electrónica, factura electrónica y documentos digitales), eliminación de alguna exención del IVA y al establecimiento de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es decir, cuestiones de forma pero no de fondo.
El gobierno achaca estos fracasos a la oposición que no ha querido cooperar (en lo cual podemos coincidir con él), pero esto no exime al Ejecutivo de la responsabilidad de que la mitad del sexenio ya ha transcurrido y los mexicanos vemos la cuestión hacendaria estancada.
No obstante que durante los pasados años parecieron hacerse algunos esfuerzos por modernizar la imagen de la Secretaría de Hacienda y tornar más eficiente su operación, ahora se ha regresado a costumbres antiguas y viciadas, como las prácticas dilatorias muy conocidas por regímenes pasados, en concreto el del sexenio anterior. Piénsese, por ejemplo, en el lento proceso de devolución de impuestos del año 2003, tan parecido al de los dos últimos años de aquel sexenio (aunque ahora se anuncian cambios para que el próximo año ciertas devoluciones puedan ser realizadas con mayor rapidez, ojalá y así sea). Parece que los esfuerzos del inicio de este gobierno fueron sólo cosméticos y que, en realidad, las cosas no han variado.
Sin embargo, todavía hay una oportunidad si se trabaja seriamente, negociando con firmeza para que quede en este sexenio uno de los cambios más trascendentales que el sistema fiscal mexicano ha necesitado.
La materia prima ya existe, en diversos foros se comentaron en años pasados nuevas versiones de la Ley del Impuesto sobre la Renta que cambiaban totalmente el esquema de este impuesto. Hay diversas cuestiones en el Impuesto al Valor Agregado que pueden ser mejoradas. Pero, sobre todo, deben establecerse una serie de mecanismos legales para que efectivamente todos los mexicanos que perciben ingresos (incluyendo la economía informal) estén razonable y proporcionalmente pagando el impuesto que les corresponde. Los despachos contables señalan diversas cuestiones trascendentales que podían ser atacadas: privilegiar los impuestos al consumo y disminuir el gravamen a la renta, eliminar esquemas preferenciales, aumentar la inversión en infraestructura, establecer medidas fiscales que propicien la inversión productiva y la generación de empleos, extender la simplificación administrativa y otros más.
Pero, por lo pronto, este año los impuestos siguen igual.