por Francisco Javier Calleja Bernal
profesor de planta del departamento de contabilidad del ITESM Campus Ciudad de México
La Suprema Corte de los Estados Unidos comienza a emitir sus fallos sobre algunos de los más sonados casos de fraude, que implicaban cifras contables “maquilladas” y que hace más o menos tres años estremecieron hasta sus cimientos al mundo financiero.
Durante el mes de mayo pasado fueron exonerados los socios de Arthur Andersen, el despacho que auditaba a Enron y a WorldCom, y el 13 de julio fue condenado a 25 años de prisión quien fuera director ejecutivo de WorldCom.
Y, en verdad, que ambas decisiones parecen de lo más acertadas y lógicas.
Para quienes no son profesionales de la información financiera estos escándalos pusieron en tela de juicio la función de los auditores, pero lo que sucede es que la mayoría de los neófitos desconoce que la función primordial de la auditoría financiera no es detectar fraudes. Los auditores realizan una revisión de las transacciones que una empresa lleva a cabo a fin de determinar, con un alto grado de confiabilidad, si la información financiera basada en dichas transacciones refleja razonablemente lo que la empresa es y ha hecho. Como parte de los procedimientos de auditoría, se pide a los directivos de las empresas que confirmen que todo lo que han respondido o preparado para el auditor está apegado a la verdad y no debe olvidarse que el director de la organización debe firmar los estados financieros haciéndose responsable de lo que éstos dicen.
En vista de los anterior, la mala costumbre adquirida en Estados Unidos de demandar al auditor si una empresa quebraba o mostraba un comportamiento poco ético, implicaba asignarle una responsabilidad que él no tenía, tanto más si los directivos de la empresa le habían mentido deliberadamente.
Si tenemos en nuestras manos un producto cualquiera y observamos que dicho producto es defectuoso, reclamaríamos al fabricante, si quien lleva a cabo el control de calidad de dicha industria fuera alguien externo a ella y probara que sus procedimientos son correctos y que el producto mal elaborado pasó como parte del rango de probable error de la revisión, sería absurdo imputarle responsabilidad y sí, en cambio, deberíamos asignársela a los directivos, sobre todo, si reconocen que alteraron los elementos que el controlador de calidad revisaba.
Algo semejante a lo anterior ha sucedido en muchos escándalos contables, el auditor fue considerado responsable sin serlo y aunque ya sea tarde para tratar de reconstruir el prestigio de Arthur Andersen, no es tarde para encarcelar a los verdaderos defraudadores.
En vista de lo anterior, es preocupante que algunos directivos de empresas como Richard Scrushy de HealthSouth Corp. estén siendo exonerados de su culpa y su defensa sea en el sentido de que no sabía lo que hacía al firmar estados financieros evidentemente falsos.
En cambio, es muy lógico que los casos de Bristol-Myers, Delphi y OfficeMax, todos en Estados Unidos, terminaran con el despido de empleados de segunda o tercera línea, que eran los verdaderos responsables y no hayan empañado la imagen de su empresa o de su director general.
Para concluir, hay que puntualizar que todo esto sirvió, también, para dos evidentes mejoras:
a) Que las firmas de auditores despertaran de su excesiva confianza en los clientes y dejaran de aceptar trabajos que comprometían su independencia, aunque fuera sólo aparentemente. Además, tal como sucedió en Estados Unidos, en México se crea el Consejo Mexicano para la Vigilancia del Control de Calidad en las Firmas de Contadores Públicos, A. C. para estar atento de que el desempeño de los auditores se mantenga en el nivel óptimo.
b) Que una nueva reglamentación estadounidense, la Ley Sarbanes-Oxley, y pronto una mexicana, la nueva Ley del Mercado de Valores, vigilen más de cerca de los directivos abrumados por cumplir con metas de utilidad y con otros indicadores basados en la información contable.
Algunos expertos como Hugo Lara, socio retirado de PricewaterhouseCoopers, visualizan que la aparición de estas leyes causarán retiros de empresas de la Bolsa, en virtud de que no se quiera o no se pueda cumplir con sus requisitos. Además, es un hecho que no existen suficientes despachos de auditores con alcance trasnacional, como para hacer frente a la demanda de sus servicios que existe y éste es un problema que la Ley Sarbanes-Oxley no consideró, pero es un área de oportunidad para despachos contables de tamaño medio que pueden crecer y ocupar un puesto al lado de los grandes.
Finalmente, debe decirse que es triste recordar que hace muchos años la contabilidad apareció no como una obligación o un medio para fiscalizar impuesto por el exterior, sino como un acto voluntario para demostrar la palabra de los propios empresarios que buscaban como hacer ver al mundo la limpieza de sus operaciones.